Autor: Luisa Fernanda Carrero Villamil
En el marco de las protestas de junio, los abogados Augusto Ocampo, Miguel del Río y Élmer Montaña, anuncian la conformación de la Primera Línea Jurídica para defender el derecho legítimo a la protesta amparado por la Constitución Política de Colombia en el art 37. “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, y además, buscan brindar un apoyo pedagógico para que se conozcan los procedimientos de captura.
El colectivo voluntario ha tomado un fuerte impulso y en la entrevista con el Tercer Canal afirmaron que ya cuentan “con más de 3.042* juristas y personas con otras especializaciones por todo el país”. Para ellos, la prioridad son los manifestantes agredidos y retenidos indebidamente por la fuerza pública. Este acompañamiento jurídico surge como respuesta a la necesidad de hacer frente a la crisis de la democracia y la violación de los derechos como actos inconstitucionales. Según Human Rights Watch (HRW) “Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, y lo empeora el informe obligado del Ministerio de Defensa donde se manifiesta que: “la Policía ha detenido a más de 1.200 personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas donde además se reportan 1.100 heridos desde el 28 de abril”.
Mientras la Red Nacional de Abogados está alarmada por las cifras y tiene muy claros sus objetivos, la negligencia del Gobierno no tiene límites, así lo destaca Ocampo en la transmisión del primer encuentro de la Primera Línea Jurídica “no tendría razón de existir, si la Defensoría en cabeza del amigo de Iván Duque, estuviera cumpliendo cabalmente su rol constitucional”. Es lamentable la indiferencia de los organismos de control ante el estallido social, aunque estatutariamente les sea obligatorio defender a la ciudadanía, su incumplimiento es muy evidente porque no llevan un correcto seguimiento de los casos de violación a los derechos humanos, mientras que, diariamente a la Primera Línea Jurídica se le reportan cientos de estos.
Al respecto, las cifras hablan, el 7 de junio la Defensoría le informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre 584 violaciones a las libertades fundamentales, no obstante, el 2 de junio Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunciaron 3.789 casos de violencia por parte de la Policía. El estado de inactividad también se debe a que el presidente Ivan Duque tiene a los entes cooptados con ideologías políticas y económicas; sus amigos universitarios de la Sergio Arboleda ahora están a cargo de la Fiscalía y la Defensoría: Francisco Barbosa y Carlos Camargo, igualmente, la Contraloría con el amigo de los paseos Felipe Córdoba hasta la Procuraduría con la acusada por corrupción Margarita Cabello.
El apoyo que les brinda el Centro Democrático influye estratégicamente en las conexiones del poder, puesto que implica a los funcionarios hacer caso omiso de su responsabilidad con la sociedad para atender a los intereses y respaldar las políticas de su particular, lo único de lo que tenemos certeza es lo que afirma el Tercer Canal “Brillan por su ausencia”. Para hacer frente, el medio La Silla Vacía en su sección “Quién es Quién” informa las relaciones dudosas entre los políticos más influyentes. Por los motivos mencionados anteriormente, nace la Primera Línea Jurídica (PJL), como una reacción al desgobierno, para ellos sus herramientas o “armas” son la Constitución, la ley, la razón y la lógica.
Este colectivo, convoca el llamado a “hacer un acto de contrición al interior de la Procuraduría General de la Nación”, además nos invita el abogado Ocampo a cuestionarnos sobre las acciones contundentes: ¿Dónde están las investigaciones en tiempo rápido y expedito en contra de estos uniformados?, ¿Dónde está la medida preventiva integral en los procesos disciplinarios?, ¿Dónde está la justicia penal militar? Es así como se suman a la resistencia, en defensa de proteger la vida y la dignidad humana y como resultado de todo este proceso, comparten una de sus primeras victorias jurídicas: la liberación del músico Álvaro Herrera Melo, obligado a autoinculparse bajo tortura.
Con el debido seguimiento del proceso, consiguen que el juez declare ilegal la captura y ahora proceden contra los uniformados. Entre otros casos adoptados por esta iniciativa, tenemos los del abogado Miguel Ángel del Río por Santiago Murillo (quien falleció por un impacto con arma de fuego el 10 de mayo) y el de Javier Buitrago (quien tuvo una lesión en su cabeza el 18 de mayo).
Al llegar a este punto, no dudamos del enorme impacto que tendrán en la sociedad colombiana: podrán desmitificar el monte de acusaciones a inocentes y además hacer justicia por las víctimas. Finalmente, ayudemos a que aumente el alcance de su propuesta con la comunicación y las denuncias del abuso policial, siguiendo sus procesos en Twitter @PLineaJuridica, así como también en la página web https://www.1linea.org/ quien desee inscribirse como voluntariado. *La opinión del autor se sustenta en sus conocimientos y el medio no se hace responsable. *La cifra del total de los partícipes en la Primera Línea Jurídica está sujeta a cambios. *Las fotos pertenecen al Twitter de la PLJ. @PLineaJuridica *Entrevista del Tercer Canal con la PLJ https://www.youtube.com/watch?v=wYAernY9fXs * La Silla Vacía – Quién es Quién https://lasillavacia.com/quien-es-quien/